Casal y la Bicameral, unidos en el silencio: nadie vio el secuestro del fiscal boliviano

Eduardo Casal tiene un talento: durar. Interino en la Procuración desde fines de 2017, casi nueve años de “mientras tanto”, ahora consiguió dos años más al frente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Ganó 15 a 5 con un programa cuyo eje es defender “la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos y de la seguridad de sus integrantes”.

El timing fue perfecto. La asamblea arrancó en Cusco el miércoles 30 de septiembre a la mañana. Esa noche, en el aeropuerto Viru Viru, la policía boliviana se llevó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, socio de la casa. Según su propia Fiscalía, sin orden de aprehensión. Sus funcionarios salieron en vivo a denunciar el secuestro mientras les allanaban las oficinas en Sucre.

¿Y la AIAMP? Bien, gracias. No se le conoce un comunicado, ni siquiera la “preocupación” de manual. El mismo club que en 2022 salió a respaldar a la paraguaya Sandra Quiñónez frente a un juicio político y a la peruana Patricia Benavides contra el “hostigamiento” descubrió de golpe las virtudes de la discreción. Ni la propia crónica de la Procuración sobre la asamblea nombra a Bolivia.

Mariaca era el fiscal de las causas contra Fernando Cerimedo, ex gurú digital de Javier Milei y asesor de Rodrigo Paz, con prisión preventiva en Bolivia e imputado por la tentativa de feminicidio contra Nadia Beller. Washington le revocó la visa al fiscal un lunes, la policía lo levantó el miércoles y el jueves Marco Rubio felicitaba a Bolivia por su “liderazgo”. A Casal la coreografía no le mereció ni una nota al pie.

En Argentina, el control debería estar en el Congreso. La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público pasó años sin constituirse; en mayo eligió presidente a Sebastián Galmarini (UxP), con Juan Cruz Godoy (LLA) de vice y Manuel Quintar (LLA) de secretario. En julio recibió a Casal, que definió a la comisión como el ámbito “donde se hace valer nuestra responsabilidad institucional”. Seis semanas después del secuestro, no se le conoce una citación, un pedido de informes ni un comunicado. Oficialismo y oposición, por una vez de acuerdo: mejor no preguntar.

Nadie pide canonizar a Mariaca: el gobierno de Paz lo acusa de narcotráfico y lavado, y él lo niega. Pero un fiscal general se saca por la ley, no a la salida de un vuelo de cabotaje. En Bolivia fue al revés: primero la detención y 48 horas después una reforma a medida para poder suspenderlo. Un hecho gravísimo para cualquier ministerio público de la región, que en Buenos Aires pasó como trámite.

La autonomía de los fiscales, versión Casal, viene con letra chica: depende del país, del fiscal y de quién gobierne. En Cusco no hubo minuto de silencio. En el Congreso, tampoco. Hubo silencio, a secas.